jueves, 30 de julio de 2009
lunes, 6 de julio de 2009
La APC pide por escrito a Zapatero la regulación del reparto de la publicidad institucional y medidas similares a las adoptadas en Francia por Sarkozy
Envía misivas similares a Francisco Camps, Carlos Fabra y Alberto Fabra. El objetivo es “poner fin a la situación de crisis por la que atraviesa el sector”
Castellón, 3 de julio de 2009.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Castellón (APC), Basilio Trilles, ha presentado cuatro escritos en nombre de su junta directiva en los registros de la Subdelegación del Gobierno, la sede de la Generalitat Valenciana en Castellón, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital, dirigidos al presidente del Gobierno, a los presidentes de la Generalitat y de la Diputación, así como al alcalde de Castellón, solicitando la urgente adopción de medidas que “ayuden a superar la gravísima crisis por la que están atravesando los medios informativos, y que ha generado un importantísimo número de despidos de profesionales durante los últimos meses”.
La APC ha trasladado al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la necesidad de que éste acometa “una rápida actuación gubernamental, que vaya en la línea del paquete de medidas aprobadas en Francia por el presidente de Sarkozy, porque está teniendo efectos beneficiosos entre nuestros colegas galos, cuyos niveles de desempleo están siendo contenidos”. Según recoge el escrito de la APC, “ayudando a las empresas, también se ayuda a sus trabajadores y trabajadoras. Máxime cuando en estos momentos el crédito sigue cerrado, cada día hay más problemas de liquidez y el ímprobo esfuerzo de las líneas ICO está sirviendo para bien poco, porque los bancos tienen la última palabra y administran los fondos públicos a su libre albedrío. Un error de planteamiento reconocido por la propia ministra de Economía”.
Entre el paquete de medidas que la APC cree que el presidente Zapatero debe adoptar de inmediato se encuentra “la regulación del procedimiento de asignación de la publicidad institucional, porque consideremos que de la misma forma que las administraciones públicas invierten en distintos sectores del sistema productivo, debe destinarse una cantidad de los presupuestos generales del Estado a la inserción de publicidad institucional en los medios. Con una doble finalidad: ayudar a la financiación de las empresas periodísticas y mantener debidamente informados de la acción de gobierno a la ciudadanía”. La APC considera igualmente imprescindible “el establecimiento de unos criterios objetivos y razonables a la hora del reparto de la publicidad institucional, de forma que todos los medios se puedan beneficiar en mayor o menor medida de la misma. Esta regulación, que debería quedar legislada, es fundamental que afecte al conjunto de las administraciones, porque ayudará a romper con una viciada práctica que en el argot periodístico denominamos”. Esta asociación profesional de Castellón recuerda que “con dinero público, procedente de los impuestos de los contribuyentes, suele primarse a medios considerados amigos, tejiendo arbitrarios vetos sobre aquellos a quienes se cree hostiles o, simplemente, críticos. Ésta es una realidad que vivimos diariamente”.
La Asociación de Periodistas de Castellón se ha dirigido en idéntico sentido a los presidentes Camps y Fabra y al alcalde Fabra, desde el convencimiento de que “la publicidad institucional supone un eficaz instrumento de financiación para los medios informativos privados, que en ningún caso debe ser utilizado de forma discrecional, como fórmula de premio o castigo”, porque “se debe salvaguardar el derecho de todos los medios privados a poder recibir financiación pública, así como el derecho de sus lectores, oyentes y televidentes a estar convenientemente informados sobre la acción de gobierno que impulsan las diferentes administraciones públicas”.
La APC también ha solicitado a los presidentes del Consell y de la Diputación y al alcalde de la capital, “la adopción de cuantas medidas consideren necesarias para poner freno al desempleo en las empresas periodísticas de Castellón y para garantizar la viabilidad económica de éstas”, una adopción de decisiones que “debe ir precedida de un rápido y exhaustivo análisis del panorama del sector de la comunicación en la provincia, con el fin de obtener el mejor de los diagnósticos posibles”.
Castellón, 3 de julio de 2009.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Castellón (APC), Basilio Trilles, ha presentado cuatro escritos en nombre de su junta directiva en los registros de la Subdelegación del Gobierno, la sede de la Generalitat Valenciana en Castellón, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital, dirigidos al presidente del Gobierno, a los presidentes de la Generalitat y de la Diputación, así como al alcalde de Castellón, solicitando la urgente adopción de medidas que “ayuden a superar la gravísima crisis por la que están atravesando los medios informativos, y que ha generado un importantísimo número de despidos de profesionales durante los últimos meses”.
La APC ha trasladado al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la necesidad de que éste acometa “una rápida actuación gubernamental, que vaya en la línea del paquete de medidas aprobadas en Francia por el presidente de Sarkozy, porque está teniendo efectos beneficiosos entre nuestros colegas galos, cuyos niveles de desempleo están siendo contenidos”. Según recoge el escrito de la APC, “ayudando a las empresas, también se ayuda a sus trabajadores y trabajadoras. Máxime cuando en estos momentos el crédito sigue cerrado, cada día hay más problemas de liquidez y el ímprobo esfuerzo de las líneas ICO está sirviendo para bien poco, porque los bancos tienen la última palabra y administran los fondos públicos a su libre albedrío. Un error de planteamiento reconocido por la propia ministra de Economía”.
Entre el paquete de medidas que la APC cree que el presidente Zapatero debe adoptar de inmediato se encuentra “la regulación del procedimiento de asignación de la publicidad institucional, porque consideremos que de la misma forma que las administraciones públicas invierten en distintos sectores del sistema productivo, debe destinarse una cantidad de los presupuestos generales del Estado a la inserción de publicidad institucional en los medios. Con una doble finalidad: ayudar a la financiación de las empresas periodísticas y mantener debidamente informados de la acción de gobierno a la ciudadanía”. La APC considera igualmente imprescindible “el establecimiento de unos criterios objetivos y razonables a la hora del reparto de la publicidad institucional, de forma que todos los medios se puedan beneficiar en mayor o menor medida de la misma. Esta regulación, que debería quedar legislada, es fundamental que afecte al conjunto de las administraciones, porque ayudará a romper con una viciada práctica que en el argot periodístico denominamos
La Asociación de Periodistas de Castellón se ha dirigido en idéntico sentido a los presidentes Camps y Fabra y al alcalde Fabra, desde el convencimiento de que “la publicidad institucional supone un eficaz instrumento de financiación para los medios informativos privados, que en ningún caso debe ser utilizado de forma discrecional, como fórmula de premio o castigo”, porque “se debe salvaguardar el derecho de todos los medios privados a poder recibir financiación pública, así como el derecho de sus lectores, oyentes y televidentes a estar convenientemente informados sobre la acción de gobierno que impulsan las diferentes administraciones públicas”.
La APC también ha solicitado a los presidentes del Consell y de la Diputación y al alcalde de la capital, “la adopción de cuantas medidas consideren necesarias para poner freno al desempleo en las empresas periodísticas de Castellón y para garantizar la viabilidad económica de éstas”, una adopción de decisiones que “debe ir precedida de un rápido y exhaustivo análisis del panorama del sector de la comunicación en la provincia, con el fin de obtener el mejor de los diagnósticos posibles”.
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